Los efectos de la pandemia en el sector de la construcción
En 2019 el Banco de México estimó que el sector de la construcción alcanzó un valor aproximado de 7 billones de pesos; el cuarto lugar en orden de importancia. Al representar el 7% del Producto Interno Bruto; mientras que en la generación de empleos; según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ocupó el segundo lugar, con 6 millones 107 mil 559.
Tanto la generación de empleos como los ingresos que aporta este sector, se han visto afectados radicalmente en lo que va del 2020. La causa principal, aunque no única, es la paralización de la economía en general ocasionada por la pandemia.
La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC); correspondiente a marzo, reveló que la caída anual en el valor de la producción del sector fue de -17.1%; en tanto que el personal ocupado descendió -10.7%.
Mientras que el comparativo anual de marzo (2019-2020); en cuanto al valor de la producción generado en el subsector de obras de Ingeniería Civil decreció -24.5%; por lo que se refiere a los Trabajos Especializados, disminuyó -18.3%; y el de la Edificación se redujo -9.5 %. Partiendo del comportamiento de este sector; la CMIC, pronostica que este año, 2 mil 400 constructoras presentarán riesgo de quiebra; y que habrá, además, afectaciones severas en más del 80% del sector.
Éstas no son únicamente cifras, detrás de ellas se encuentra la pérdida de dos millones de empleos, lo que significa que se quedarán sin ingresos; millones de trabajadores que son jefes de familia, de quienes depende un porcentaje importante de personas que comen, visten, calzan, estudian, necesitan atención médica, vivienda; y otro grupo, no menos importante, que con su capital productivo genera empleos y paga impuestos al gobierno, que probablemente cerrará sus empresas. Todo esto en su conjunto, se traducirá en un terrible trastorno para nuestra sociedad, un mayor debilitamiento del mercado interno. La depauperación de la clase trabajadora y, por lo tanto, atizará la caldera de la inconformidad y la inestabilidad social; que ya de por sí ha venido en aumento en las últimas cuatro décadas.
¿Podemos culpar de ello al gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
Evidentemente, ni nuestro gobierno ni otro alguno es culpable de la existencia del COVID-19 que hoy conmociona al mundo entero. Sin embargo, sí se debe culpar a los gobiernos que, como el nuestro; no tomaron las medidas necesarias para preservar la vida de sus gobernados y para salvaguardar la economía de sus naciones. Esto es así porque la responsabilidad de las autoridades consiste; mediante la correcta dirección de las instituciones del estado, en garantizar el adecuado funcionamiento de la sociedad. Administrando los recursos que todos ingresamos al erario vía impuestos. Y, cuando ocurren situaciones de crisis, destinar recursos extraordinarios para minimizar sus efectos negativos.
Existe sobrada evidencia de académicos y especialistas en diversos campos de la ciencia, que han demostrado que desde el inicio, en México. Las autoridades sanitarias no tomaron con seriedad el peligro del COVID-19; que no aplicaron medidas reales de prevención y, peor aún, ya con el virus dispersándose en la geografía nacional; se rehusaron a seguir el ejemplo de los países que combatieron de manera exitosa la pandemia.
Por ejemplo, no se realizaron ni se realizan las pruebas de contagio recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS); no se invirtieron los recursos necesarios en materia de salud. Equipando hospitales y dotando de insumos al personal médico; para la correcta atención de los pacientes y para evitar que se convirtieran ellos mismos en portadores y dispersores del virus.
Consecuencia de estas decisiones equivocadas es la lejanía con la que se ve el pico de contagios de la pandemia. Aunado a ello, los distintos niveles de gobierno se han negado a brindar apoyos a los millones de ciudadanos; que dejaron de laborar y que no tienen un ingreso para alimentar a sus familias. Así como subsidios o condonaciones de impuestos o pago de servicios como electricidad o agua a la mediana y pequeña empresa.
En estas condiciones, el encierro y la suspensión de actividades, se hacen ya imposibles; pues la sociedad tiene que salir a pesar de que la pandemia no ha sido controlada. Lo que añade un ingrediente mayor de peligro, el de tener que retomar las actividades en una etapa todavía progresiva del contagio; lo que en los hechos aumentará el número de empresas que no podrán volver a funcionar; con la consabida pérdida de capitales y de fuentes de empleo que eso significa.
La evidente incompetencia de este gobierno para enfrentar la pandemia es sólo un eslabón en la cadena de desaciertos de esta administración; en la cual, el sector esencial de la construcción sufrió importantes recortes presupuestales.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados CEFP, en su análisis de 2016; acerca de la infraestructura, describe las etapas por las que ha pasado del sector en la historia moderna de nuestro país. Los montos, destinos, localización y las modalidades de la inversión pública han sido determinados por el modelo de desarrollo económico de cada periodo.
Por ejemplo, en la década de los veintes, la necesidad de unificar al país, desarrollar al campo y la educación; orientó la inversión a la construcción de carreteras, obras hidráulicas y escuelas.
En el periodo de 1940-1960, se apostó por la industrialización a través del modelo de sustitución de importaciones; con un desarrollo concentrado en las zonas urbanas y la creación de espacios para la educación, para promover y facilitar el crecimiento de la economía.
De 1970 a 1976 se impulsó la creación de centros turísticos integralmente planeados; a partir de los ochenta, con los problemas de la incapacidad de pago de la deuda pública; y la instauración del neoliberalismo, la inversión pública se redujo drásticamente.
En cambio se impulsó la inversión privada a través de concesiones, como autopistas de peaje; de 2000 a 2016, la inversión se vio condicionada a la necesidad política de los gobernantes de aceptación en las capas populares. Lo que significó, por ejemplo, que entre 2001 y 2006, los niveles de inversión ascendieran a 4.2% del PIB; contra un crecimiento promedio de 2.3 % anual en la mayoría del periodo.
Por lo que respecta a lo que va de el actual gobierno, según datos de la SHCP, con relación al PEF; la inversión física ha venido aumentando en términos absolutos, pero ha disminuido en términos relativos. El PEF de 2019 fue de 5 billones 815 mil 291; y para inversión física se asignaron 676 mil 377 millones, 11.5%, apenas 2.71% del PIB.
Mientras que para 2020 fue de 6 billones 107 mil 732 millones y se asignaron 762 mil millones, 12.4%, 0.9 % más en términos reales. Pero equivalente sólo al 1.4% del PIB; muy por debajo del mínimo aceptado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que debe ser entre 2% y 2.3%.
Eso no es todo, en 2019 a la inversión en obras por contrato y proyectos productivos del Estado; se le asignó en el PEF, 370.5 mil millones de pesos, tres de cada cuatro pesos del monto total en inversión física. Pero el 95% se concentró en Pemex, CFE y la SCT, mientras que a Provisiones Salariales (Ramo 23); que incluye fondos para el desarrollo regional y construcción de infraestructura, registró una caída de (-) 84.3% (64,344 millones en 2018 vs. 10,485 millones en 2019).
Se relega sectores como la salud, la obra pública civil y la educación, para invertir en el Aeropuerto de Santa Lucía, 2 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que serán construidos en parte o totalmente, por la Secretaría de la Defensa Nacional. De esos 10, 485 millones para obra pública, el 90% se asignó directamente a organizaciones de la sociedad civil y solo el 10% a empresas del ramo de la construcción legalmente constituidas.
Esta programación de la inversión pública indica la poca importancia que le da la actual administración a este sector, el cuadro se completa cuando vemos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunciar vía redes sociales el impulso a los dos ejes que, según él, permitirán la reactivación económica: el turismo y la inversión en infraestructura para nuestro ingreso competitivo al nuevo Tratado de Libre Comercio T-MEC.
Para lo cual, el gobierno acelerará el gasto programado para octubre y noviembre, principalmente en proyectos que impacten en mayor medida en la generación de empleo, a decir de ellos mismos, como el Aeropuerto de Santa Lucía, y como la mayor parte de los proyectos requieren algún tipo de financiamiento, a través de las distintas autoridades financieras, se buscará que los negocios tengan acceso a él de manera expedita a través de las distintas autoridades financieras.
Es decir, la 4T no sólo se suma a la política que provocó que México, según el Índice de Competitividad Global de 2017-2018 del Foro Económico Mundial, se ubique en el lugar 62 de 137 países, sino que disminuye aún más la inversión destinada a mejorar directamente el nivel de vida de la población.
El sector, ya en crisis ante la nula inversión pública, se agita aún más porque la obra privada está paralizada por la pandemia y por si eso no fuera suficiente, el gobierno federal detrás de una declaración en redes sociales, esconde la nula intención de aplicar medidas para evitar que 12 millones de mexicanos pierdan su empleo, reduciendo su ayuda a abrir líneas de crédito y al adelanto de dos meses del recurso, pero que serán destinados a sus proyectos prioritarios, no al resto del sector, medidas que no tendrán ningún impacto en la economía de las miles de empresas que hoy están en bancarrota y que generan millones de puestos de trabajo.
La importancia de este sector y las alternativas
Un estudio del “Programa Regional de Políticas Sociales en América Latina” (SOPLA, por sus siglas en alemán) en que la Fundación Konrad Adenauer, analiza la relación que hay entre la inversión en infraestructura y la reducción de la pobreza en 12 países del continente, entre los que se encuentra México, establece que la inversión física; es decir, el crecimiento de este sector influye de manera determinante en la reducción de la pobreza y la elevación del nivel de vida de los habitantes.
Reconoce dos grandes apartados: el primero, infraestructura en obras civiles como carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles, etcétera, que, según el estudio, reduce la existencia de mercados aislados y a la vez, los costos de transacción de mercancías al mejorar la conectividad, lo que produce mayor crecimiento económico y, por ende, una reducción de la pobreza, al ser una importante fuente generadora de empleo tanto directo como indirecto.
Además, como reduce los costos de transporte, disminuyen los precios de los bienes adquiridos para toda la población, En tanto que la inversión en obras de regadío, como embalses o canales, aumentan en forma significativa la productividad y fomenta la mano de obra agrícola, muchas veces ligada a sectores pobres.
El segundo, la infraestructura en servicios básicos, como agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, así como los servicios públicos de educación y salud, si bien no combate la pobreza en sí, mejora el nivel de vida de los sectores más pobres, además de que los mejores estándares en salubridad, generan reducción en las tasas de mortalidad y morbilidad de los sectores beneficiados, y por tanto, una caída en el largo plazo de la pobreza y una mayor sensación de equidad que reduce las tensiones sociales.
Por otra parte, el gasto en vivienda es el concepto más relevante en el presupuesto de las familias, y aún mucho más en el caso de los hogares de bajos ingresos, cuya composición se verá modificada ante cambios según se posea o se alquile la vivienda y según se financie su adquisición con deuda o con ahorros propios, un hogar gasta en promedio el 14% de su ingreso en la vivienda, incluyéndose dentro de este concepto el pago de alquiler para quienes rentan y el mantenimiento general (servicios públicos básicos, gastos de reparación, expensas, etc.). Este gasto sube al 25% cuando se considera a las familias que alquilan la vivienda, debido al pago de la renta.
El anterior análisis, realizado por especialistas en la materia en Latinoamérica, demuestra que es correcto el planteamiento del Movimiento Antorchista Nacional con respecto a que la inversión en infraestructura pública en servicios básicos como electricidad, agua potable, saneamiento y vivienda, así como en servicios públicos como salud, educación cultura y deporte, eleva sustancialmente el nivel de vida de los ciudadanos y combate efectivamente la pobreza, al evitar que tengan que destinar gran parte de sus magros salarios para resolver esas necesidades que son obligación del gobierno, porque son bienes públicos.
Y que el elevado gasto en que incurren para satisfacer esas necesidades, cuando el Estado no interviene suficientemente, va en detrimento de la adquisición de los artículos y servicios de primera necesidad como la alimentación, el vestido y el calzado o la educación y la atención de la salud.
Esta concepción se ha materializado en los cuatro principales ejes del Proyecto de Nación del Movimiento Antorchista, haciendo el de la inversión en infraestructura un pilar esencial en nuestro proyecto de país, que además ha sido el motor de nuestra lucha durante 46 años, mediante la gestión de infraestructura básica para combatir la pobreza, lucha que le ha permitido llegar a gobernar 35 municipios en la actualidad en diversos puntos de la República mexicana, sin ser aún partido político, algunos de los cuales son modelo de desarrollo a nivel nacional como Chimalhuacán e Ixtapaluca en el Estado de México; Huitzilan de Serdán y Tecomatlán, en Puebla.
Para prueba concreta y modelo de la efectividad de nuestra lucha, pero sobre todo de la comprobación de esta hipótesis del combate a la pobreza con la inversión en infraestructura, está Tecomatlán. Esta pequeña ciudad de poco menos de 6 mil habitantes, gobernada por antorchistas desde 1978, considerada la Atenas de la Mixteca, fue inscrita en el “City to City Barcelona FAD Award 2013”, concurso en el que, de entre 300 ciudades de todo el mundo, se colocó en las 25 finalistas, al lado de Atlanta, Estados Unidos; Birmingham, Reino Unido; Lyon, Francia; Rin del Norte, Alemania o Buenos Aires, Argentina.
Así se consideró por su capacidad de transformación, al ser en 1978 el municipio más pobre de Puebla, pero que hoy trasciende por su innovación, capacidad de anticipación, componente social, perdurabilidad y sostenibilidad, gracias a que invirtió en la construcción de escuelas de todos los niveles académicos (entre las que se encuentran dos de nivel superior, promoviendo la educación hasta lograr.
Según datos del INEGI, que 7 de cada 10 de sus habitantes sean estudiantes); en salud, cuenta con un hospital integral que atiende a una importante zona de los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero. Las instalaciones deportivas, una unidad deportiva integral con canchas de todos los deportes, que incluye alberca olímpica y campos de beisbol y fútbol de pasto sintético; en instalaciones culturales, cuenta con auditorios, casa de cultura, plaza de toros y museo.
Además, se creó una Cooperativa Regional que da empleo a un alto porcentaje de la población en edad de laborar. Todas estas inversiones en infraestructura dan como resultado que la pobreza se haya reducido a su nivel mínimo, que se haya elevado el nivel de vida de la población, dando lugar a un desarrollo integral, armónico y sostenido.
He aquí lo que propone el Movimiento Antorchista Nacional, cambiar la tendencia en inversión pública de nuestro país en favor de las mayorías, que en 2008 era de 13% contra 32% en las capas altas de la sociedad que son minoría, raquítico porcentaje que ahora la 4T, ha llevado a la extinción, como se demuestra con las reducciones arriba documentadas y que anuncian un futuro nada halagüeño.
La finalidad del trabajo humano y por tanto de la actividad productiva es, en última instancia, dominar la naturaleza para ponerla a su servicio, haciendo con ello más tolerable y si es posible, placentera, la vida del ser humano
En este sentido, el sector de la construcción no sólo es una actividad que genera fuentes de empleo y riqueza material, sino, al final de las cuentas, una de las actividades productivas que más impacta en la transformación de las condiciones materiales del hombre en sociedad.
La ciencia exige que cualquier fenómeno de la realidad que intente conocerse, sea analizado históricamente, es decir en su desarrollo integral, para que este conocimiento nos lleve a una comprensión lo más acabada posible de él y, por tanto, permita su control y dominio en favor de las necesidades de la sociedad.
Ubicar el comportamiento del sector en sus fases temporales, nos ayuda a entender el estado que guardaba antes de la pandemia, contextualizar su situación en la actualidad y comprender hacia dónde se dirige en el periodo inmediato. Esto es necesario para comprender no sólo los accidentes fenoménicos, sino la esencia profunda del comportamiento de una actividad importante para el desarrollo económico y social del país; así es como se podrán tomar las medidas más acordes a la necesidad de la realidad.
La escasez de datos estadísticos y de estudios científicos en esta materia, provoca que los planteamientos de este trabajo, por no ser un servidor especialista en el ramo, no sean producto de un análisis mejor sustentado, sin embargo, la intención de aportar en la compresión del desarrollo de este sector, desde el ámbito social, nos permitirá ver que en el periodo que va del ingreso de nuestro país a la modernidad, del fin de la Revolución, hasta 1982, se buscó el desarrollo en cierta medida atendiendo las necesidades sociales, mediante la inversión pública en infraestructura.
En el período que de 1982 a 2016, en que con el carácter de nuestra economía capitalista dependiente, ingresamos a la etapa neoliberal, la inversión pública se redujo proporcionalmente y en parte, se sostuvo la infraestructura civil concesionada al capital privado, lo que la orientó al mejoramiento y urbanización de las redes carreteras, portuarias y ferroviarias que facilitaran el ingreso de la inversión extranjera, en detrimento de un desarrollo más integral y de urbanización en beneficio de toda la población.
Esta somera revisión histórica, permite de todos modos, comparar la orientación de la inversión en el actual gobierno. Se observa que se siguen priorizando proyectos de impulso al gran capital y la inversión en las empresas paraestatales, con la diferencia de que ahora se destina a ellas casi la totalidad del presupuesto de Inversión física, es decir, de inversión pública, reduciendo peligrosamente el ya raquítico monto que se invertía en obra social, para vivienda, educación, salud, etcétera, 370.5 mil millones contra 10,485 millones en 2019.
En los hechos significa una especie de tendencia neoliberal estatista de inversión de recursos del estado en proyectos que fomentan el turismo y el comercio, propio del capital globalizado y neoliberal, reduciendo a la nada la inversión en obra civil y social que se ha demostrado que combate la pobreza y mejora el nivel de vida de la población en general. En los hechos el discurso de un gobierno que combate el “neoliberalismo”, para el que “los pobres son primero”, es solo eso, un discurso.
¿Cuál es el resultado? El esencial sector de la construcción enfrentará un largo periodo de crisis provocado por el retroceso en la inversión pública, con la consabida pérdida de capital y destrucción de empleos que afectarán la vida de millones de ciudadanos que se sumarán al alto porcentaje de mexicanos que están en pobreza y que no podrán salir de ella porque las políticas gubernamentales no son las de un proyecto igualitario y progresista. Son las de un ajuste neoliberal orientado a fortalecer al gran capital.
¿La solución? El sector de la pequeña y mediana empresa debe saber que su recuperación solo será promovida por un gobierno progresista que es necesario impulsar. Por otra parte, los 80 millones de personas con carencias sociales producto en su mayoría del atraso en infraestructura, deben saber que la salida de esa condición es la misma, y que solo será posible con la participación activa de las mayorías empobrecidas, que tienen que entender que el hecho de que sean mencionadas en el discurso de los gobernantes, como el motor de sus políticas, no asegura que lo sean, eso sólo será posible si éstas participan activamente en el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Para ello, todos los sectores sociales, pero con arreglo a los que se abordan en este trabajo, el sector de la construcción y la clase trabajadora, deben necesariamente saber que sus intereses y futuro están tan unidos como el cuerpo a la piel, que el futuro de uno es el futuro del otro y éste es, a su vez, un futuro que depende de la política.
Por lo tanto, la consigna para salir de la crisis es: todos los afectados por el estado de cosas actual, deben participar activamente en política, unirse para formar una gran fuerza social que dirija nuestro país hacia adelante, hacia un gobierno que impulse el desarrollo aquí planteado, sobre las bases de las opiniones de los especialistas y las pruebas concretas de su acierto. El camino es hacia adelante, no hacia atrás, se necesita pues, otro proyecto político para México.
Referencias
• www.tecomatlán.gob.mx
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=42349fcb-6292-d816_6965_41fb4979a53&groupld=252038.
• https://www.cefp-gob.mx/transp/CEFP-70-C-Estudio0015-26078.pdf
ttps://www.cmic.org.mx
ttps://www.inegi.org.mx
• ttps://www.dob.gob.org.mx
ttps://www.gob.org.mx
• https://es.weforum.org
México la gran esperanza, Peña Nieto, 2011. editorial Grijalbo
